Las entidades públicas y administrativas deben utilizar los datos personales únicamente para los fines que justificaron la entrega de los mismos, es decir, aquellos relacionados con la competencia funcional específica que motivó la solicitud de suministro del dato personal. Para ello, deben implementar las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Por lo tanto, indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, el tratamiento de datos personales por parte de las entidades públicas o administrativas requiere que la motivación de la solicitud de información personal esté basada en una clara y específica competencia funcional, de manera que adquieren la posición jurídica de usuario dentro del proceso de administración de datos personales, lo que les impone el deber de garantizar los derechos fundamentales del titular de la información. Si la solicitud por parte de las entidades públicas no está basada en una clara y específica competencia funcional, deberán solicitar la autorización del titular a más tardar al momento de su recolección informándole la finalidad específica del tratamiento de los mismos y, además, utilizar mecanismos que garanticen su consulta posterior.