Por medio de la Ley 1592 del 2012, se introdujeron varias modificaciones a la Ley 975 del 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz. Una demanda radicada recientemente pide la inconstitucionalidad parcial de los artículos 7º, 8º, 19 y 37 de la Ley 1592, relacionados con la vocación reparadora de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por beneficiarios de dicha norma; la exclusión de los postulados y el plazo para decidir sobre las solicitudes presentadas. Entre otros argumentos, el demandante sostiene que la disposición acusada establece requisitos adicionales para la reparación a las víctimas. Así mismo, asegura que se prevé un trato diferencial no previsto en la Carta Política para quienes se postulan con anterioridad a la vigencia de la norma frente a aquellos que solicitan su ingreso con posterioridad a la misma, con lo cual se lesiona el derecho a la igualdad material previsto en el artículo 13 superior (demandante: Gustavo Adolfo Arbeláez Naranjo).