Así lo ratificó la Corte Constitucional en sentencia que declaró exequible un aparte del artículo 36 de la Ley 1709 del 2014. Para la Corporación, la expedición de la norma se dio como respuesta a la situación de hacinamiento carcelario que hace varios años presenta el país, con la finalidad de acelerar las obras que permitan aumentar cupos en los establecimientos de reclusión, atendiendo el deber del Estado de garantizar condiciones de privación de la libertad que respeten la dignidad humana. Sin embargo, no debe interpretarse la disposición como una autorización absoluta para construir centros penitenciarios, pues con ello se desconocería la autonomía de los municipios para organizar su territorio (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).