La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 121, numeral 1º (parcial), del Decreto Ley 663 de 1993, “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”.

El demandante considera que el apartado subrayado vulnera el preámbulo y los artículos 13, 20, 67, 69 y 70 de la Constitución al permitir que las entidades crediticias generen cobros mediante la figura de capitalización de intereses en operaciones de largo plazo, lo cual es aplicable en los créditos educativos.

Alega por una parte la vulneración del derecho a la educación y del deber del Estado de promoverla, ya que al permitir una práctica que obstaculiza arbitrariamente dicho acceso es un contrasentido y una situación contraria a los intereses y finalidades del Estado, en especial en lo relativo a su deber como garante, supervisor, veedor y facilitador del acceso al derecho a la educación de los colombianos.

Por otra parte, considera que se presenta una vulneración del principio de igualdad, ya que hay una falta de justificación constitucional del trato diferente, por cuanto no existen motivos constitucionales por los cuales el derecho a la vivienda debe gozar de protección contra la capitalización de intereses mientras el derecho a la educación no debe permitírsele el mismo beneficio (Demandante: Giovanny Monsalve Jiménez).