Que los jueces decidan tutelas a personas que sufren de discapacidad mental luego de peritajes del Gobierno o de un profesional médico desconoce o relativiza su eficacia, pues se restringe la libertad probatoria y se establece una condición desproporcionada para el acceso a la justicia. En este sentido, se radicó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 1306 del 2009, sobre protección de personas en condición de discapacidad mental, por vulnerar los artículos 13, 29, 86 y 229 de la Carta Política (demandantes: André Daniel Núñez y Héctor Gabriel Espinosa).