La Ley 104 de 1993 dispuso una serie de mecanismos para mitigar las consecuencias de la violencia causada por el conflicto armado. Esta norma fue modificada y prorrogada por otras, como las leyes 241 de 1995, 418 de 1997, 782 del 2002, 1106 del 2006 1421 del 2010. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos de dichas normas que prorrogan sus vigencias. A su juicio, las disposiciones en discusión desconocen los derechos a la igualdad y a la seguridad social de las personas en condición de debilidad manifiesta, pues han ido modificando las normas sobre pensión de invalidez para las víctimas de la violencia (demandante: Jorge Armando Otálora).