La Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de la norma que faculta al comandante de las Fuerzas Militares para retirar de manera discrecional a los soldados profesionales (artículo 13 del Decreto 1793 del 2000). Ello en el entendido de que se garantice el derecho al debido proceso del uniformado que resulte apartado del servicio. Así, la decisión deberá estar acompañada de las razones de la desvinculación, que deben guardar relación directa con las funciones propias del cargo, de la solicitud resumida del respectivo comandante operativo, además de la garantía a ser escuchado del uniformado y su debida notificación. La Procuraduría también había solicitado declarar exequible la disposición, pues, a su juicio, no se violaba el derecho a la igualdad invocado, pues la disparidad de condiciones de permanencia establecida entre soldados profesionales y los agentes, personal ejecutivo de la Policía Nacional, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares obedece a una diferenciación fijada por el legislador.