Ante la Corte Constitucional se acusan los artículos 80 y 90, parciales, de la Ley 23 de 1981, a través de la cual se dictan normas en materia de ética médica. Las disposiciones censuradas enumeran las decisiones que puede adoptar el tribunal de ética médica respecto del informe de conclusiones y la procedencia de los recursos de reposición y apelación que se interpongan en contra de cualquiera de las providencias a que se refiere esta ley. A juicio del demandante, estas normas sacrifican los derechos a la contradicción y al debido proceso de la víctima quejosa en un proceso ético médico, en la medida en que esta no puede solicitar y practicar pruebas para lograr que se sepa la verdad de los hechos denunciados. En su opinión, las víctimas deben ser incluidas como sujetos procesales (demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero).