Tres normas se atacan en este proceso frente a la Corte Constitucional: los artículos 44 de la Ley 1395 del 2010, 627 de la Ley 1564 del 2012 y 1º de la Ley 1716 del 2014. Estas disposiciones establecen, en su orden, las derogatorias de la Ley de Descongestión Judicial, la vigencia del Código General del Proceso y el aplazamiento de la oralidad prevista en la Ley 1395. Entre otras razones, el demandante sostiene que el legislador vulneró la reserva de ley, al habilitar al Consejo Superior de la Judicatura para determinar la vigencia temporal y espacial de modificaciones, derogatorias y codificaciones procesales (demandante: Marcos Quiroz Gutiérrez).