Piden inexequibilidad de norma que reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental

Por medio del Decreto-Ley 1094 de 2024, se reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Esta norma también estableció competencias y reguló el funcionamiento y los mecanismos de coordinación para su ejercicio en los territorios que lo conforman en el marco de la autonomía y autodeterminación.

De acuerdo con el demandante, el sustento de la norma señala que esta fue expedida con base en las facultades extraordinarias “en especial, las conferidas por los artículos 330 y 56 transitorio de la Constitución Política, así como la Ley 21 de 1991”.

Sin embargo, el demandante sostiene que ni el artículo 330 constitucional, ni la Ley 21 de 1991 revisten de facultades legislativas extraordinarias al presidente de la República. Por consiguiente, es jurídicamente imposible que el Decreto-Ley 1094 de 2024 tenga fuerza material de ley en razón de lo dispuesto por aquellos enunciados normativos, concluye. (Demandante: Hugo Álvarez Rosales)

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