A través de una acción de inconstitucionalidad, la Gerente Nacional de Doctrina de Colpensiones atacó la expresión “Nación” del artículo 307 del Código General del Proceso, por presunta vulneración del principio de integridad territorial y del derecho a la igualdad. La disposición demandada establece la ejecución contra entidades de derecho público. Según el escrito, al permitirse únicamente a la Nación la inejecutabilidad de las providencia que imponen el pago de un dinero se refiere exclusivamente a las autoridades del nivel central, lo que excluye a las demás autoridades públicas que hacen parte del Estado, distinción que no tiene justificación constitucionalmente legítima. Igualmente, indicó que desconoce la integridad territorial, al no permitir que todas las autoridades del Estado puedan ser beneficiadas de ese límite temporal de 10 meses para que sea ejecutada una orden judicial que condena al pago de una suma; además, lleva a que se comprometan los recursos públicos, puesto que al día siguiente de la ejecutoria de la decisión el funcionario judicial puede decretar medidas de embargo encaminadas a garantizar el cumplimiento inmediato de la providencia.