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Noticias / Congreso


Polémica por propuesta de ampliación del periodo a altos funcionarios del Estado

18 de Marzo de 2021

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La pandemia de covid-19 es uno de los argumentos que varios congresistas de distintos partidos de la coalición de Gobierno presentaron para justificar su propuesta de ampliación del periodo para altos funcionarios del Estado y de unificación de las elecciones.

 

Y es que los firmantes del proyecto de acto legislativo afirman que el confinamiento y las medidas para luchar contra el coronavirus afectaron la ejecución de los programas de gobierno y los planes de desarrollo de los gobernantes en ejercicio.

 

Por eso plantean reformas a 20 artículos de la Constitución Política que tendrían las siguientes consecuencias:

 

  • En consultas de partidos y movimientos políticos solo se reconocería por reposición el 20 % de los votos válidos, el argumento es que el Estado ahorraría $ 12 mil millones.

 

  • El reajuste salarial de los miembros del Congreso se congelaría por 10 años, se ahorrarían $ 430 mil millones.

 

  • Se eliminarían las elecciones atípicas de gobernadores y alcaldes.

 

  • Se unificaría la fecha de las elecciones de Presidente de la República, Congreso de la República y autoridades locales para el segundo domingo del mes de marzo.

 

  • Se ampliaría el periodo de todas las autoridades públicas de elección popular de cuatro a cinco años, se dice en la exposición de motivos que esto otorgaría un balance a la democracia y reduciría un proceso electoral cada 20 años, ahorrando $ 1,8 billones. Los autores también creen que el periodo de cuatro años no permite cumplir con las promesas electorales.

 

Una de las consecuencias de esta propuesta es que se extendería el periodo del presidente Iván Duque hasta el 7 de agosto del 2024.

 

Pero también se ampliaría el periodo de las actuales autoridades electorales (magistrados del CNE y Registrador Nacional); de las cabezas de los organismos de control (Contralor General, Auditor General, Procuradora General y Defensor del Pueblo); de los magistrados de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en estos casos a 10 años, y el periodo del actual Fiscal General de la Nación.

 

Los congresistas autores dicen que proponen esto último porque creen que la ampliación de periodos de mandatarios y miembros de corporaciones de elección popular afectaría la arquitectura institucional, por eso su solución es ampliarles el periodo a todos, así consideran que se preservará el equilibrio de poderes.

 

Conflicto de intereses y pérdida de investidura

 

Lo primero que se viene a la cabeza en este debate es la posibilidad de pérdida de investidura para los congresistas que proponen la reforma, pues plantean extender su periodo como legisladores; sin embargo, manifiestan que no se configura un conflicto de intereses porque no solo piden ampliar su periodo, ya que su propuesta es de corte general e involucra a todas las autoridades públicas y, además, producirá beneficios fiscales al país.

 

Pero no solo tiene este escollo por superar el proyecto de acto legislativo, pues el debate sobre equilibrio de poderes en Colombia ha sido una constante desde que el país aprobó la reelección presidencial, figura que luego fue suprimida de la Constitución bajo el argumento del excesivo presidencialismo y el desequilibrio que produjo otorgarle más tiempo al presidente en ejercicio.

 

Proponer que se extienda el periodo de los actuales mandatarios y miembros de corporaciones de elecciones de elección popular, además, sería un desafío al derecho al voto de los ciudadanos, que seguramente tendrá un debate amplio en el Congreso.

 

El proyecto ha generado desde anoche una amplia discusión en los foros públicos y jurídicos, y apenas se abre la discusión, que arrancará en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.


Es sabido que las reformas a la Constitución tienen un trámite exigente para garantizar que cualquier cambio tenga los debates adecuados. No lo tendrá nada fácil esta propuesta viendo las reacciones del Gobierno y congresistas y expertos que han puesto su punto de vista sobre la polémica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Representantes, proyecto de acto legislativo 547/21C, marzo 17/21.

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