Por medio de un documento de 26 páginas, la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ) realizó una serie de propuestas concretas sobre el articulado del proyecto de reforma constitucional a la justicia, que cursa actualmente en el Congreso.

El texto fue enviado el pasado jueves al ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, y a cada uno de los ponentes de la iniciativa, con el fin de que dichas propuestas sean tomadas en cuenta para eventuales modificaciones.

De acuerdo con la corporación, la reforma tiene vacíos y algunas de sus propuestas difieren de la posición de los representantes de la Rama Judicial.

“Vemos anticipadamente algunos riesgos en su implementación, por ello la CEJ seguirá dispuesta y vigilante, aportando análisis y opinión en futuros procesos de reforma y en la implementación de la que seguramente será aprobada esta semana”, sostuvo la entidad, en un comunicado.

Algunas de las propuestas de la CEJ

Según el pliego de modificaciones votado por la Cámara, una comisión de aforados, conformada por cinco juristas de reconocida trayectoria y experiencia, será la encargada de juzgar políticamente a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación.

Frente a este punto, la corporación sostuvo que estos funcionarios no deberían estar sujetos a juicios políticos, ya que no ejercen funciones políticas. “Abrir esta posibilidad sería un grave riesgo contra la independencia judicial”, señala el documento.

El artículo que permite atribuir, de manera excepcional y transitoria, función jurisdiccional en materias precisas a abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos para fines de descongestión judicial también fue objetado por la CEJ.

“Esta disposición de atribuirle funciones a los abogados en calidad de jueces adjuntos es exactamente lo mismo que existe hoy con las medidas de descongestión y su implementación es hoy difícil y lo será en un futuro”, advierte el documento.

Sobre los requisitos para ser magistrado de las altas cortes y la ampliación de su periodo de 8 a 12 años, la CEJ considera que se impediría, por varios años o para siempre, la depuración que necesita la justicia.  

Así mismo, se opone a la norma que le permite a la Corte Suprema de Justicia adelantar los procesos disciplinarios contra los aforados constitucionales. Al respecto, señaló que la función disciplinaria no debe ser jurisdiccional y no debería ser otorgada a la Corte.

“La CEJ en el documento técnico de mayo propuso que la función disciplinaria de los magistrados de las altas cortes estuviera a cargo de la sala de gobierno, a través de una comisión de tres miembros, y la segunda instancia ejercida por el consejo de disciplina judicial, o la primera instancia por la misma corporación y la segunda por la comisión especial de la sala de gobierno”, recordó la entidad.