La Comisión Primera del Senado de la República, en reacción a las denuncias de corrupción en la Corte Constitucional, creó una subcomisión que elaborará un proyecto de ley para modificar el alcance de la acción de tutela, especialmente frente a sentencias y particulares, al igual que los mecanismos de revisión del alto tribunal.

Según la senadora Viviane Morales, con la acción se burlan los mecanismos de la justicia ordinaria, y hoy es “una especie de supracasación que usan hábilmente los litigantes, teniendo en cuenta que en la Corte Constitucional existe una enorme discrecionalidad frente a este instrumento”.

Para Morales, la tutela debe mantenerse como un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, pero no como un medio para defender cuantiosos litigios particulares.

De otro lado, la Comisión aceptó la proposición de la senadora para asumir, en desarrollo de las facultades conferidas en el artículo 137 de la Constitución, la indagación e investigación de las supuestas actividades de lobby del Consejo Superior de la Judicatura en el Congreso, denunciadas en los medios de comunicación en días pasados.

Investigación penal

Ayer, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación por el supuesto caso de corrupción en la Corte Constitucional que compromete al magistrado Jorge Ignacio Pretelt. El propósito, señaló, es establecer la presunta responsabilidad penal de los particulares que estarían vinculados en estos hechos.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, indicó que se escuchará en entrevista al magistrado denunciante, Mauricio González, y al exmagistrado Nilson Pinilla, así como al representante legal de la compañía Fidupetrol, a la que, presuntamente, se buscaba ser favorecer en un fallo de tutela. Así mismo, se citó a diligencia de interrogatorio al abogado Víctor Pacheco, apoderado de esa empresa, actuación que se cumplirá este lunes 9 de marzo.

La Fiscalía también adelantará una inspección judicial a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en la que se verificarán los escritos que radicaron el magistrado González y su colega Pretelt, señalado de haber exigido 500 millones de pesos para favorecer a Fidupetrol.