Esta semana se debatirán importantes iniciativas en las comisiones del Congreso. La  Comisión Primera del Senado estudiará, en primer debate,  el Código Nacional de Policía, mientras que la Comisión Primera de la Cámara se encargará de estudiar, en penúltimo debate,  la reforma  Código General Disciplinario.

Así avanzan los proyectos

La propuesta de reforma al Código General Disciplinario (Ley 734 del 2002)  establece que los funcionarios no podrán imponerle a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones; aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros; ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos, y ejercer la docencia dentro de la jornada laboral en un número de horas superior a cuatro semanales, salvo lo previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

También,  tipifica expresamente ciertas faltas gravísimas atribuibles a los funcionarios judiciales y jueces de paz, como tomar interés en remates o ventas en pública subasta realizados en cualquier despacho y aceptar de las partes y apoderados obsequios o agasajos.

Respecto al proceso disciplinario contra el Procurador General de la Nación contenido en la propuesta, que sería de única instancia, quedó condicionado a la aprobación del proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes, cuya ponencia para séptimo debate pide suprimir el fuero especial aprobado inicialmente a favor de aquel, del Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, en razón a que estos altos funcionarios no ejercen funciones jurisdiccionales.

 Un artículo transitorio solicita la incorporación en el Sistema de Defensoría Pública de la defensa en el área disciplinaria, en el año siguiente a la expedición de este código.

 De convertirse en ley, los regímenes especiales conservarán su vigencia y el nuevo procedimiento entrará a regir el 1° de enero del 2017.

 Respecto al Código de Policía, se  plantea que los establecimientos dedicados a la compra y venta de teléfonos celulares cuenten con una autorización expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y pide el cierre de los que comercialicen equipos robados.

Vale recordar que la iniciativa fue radicada el año pasado en el Senado de la República por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que calificó la propuesta como “un instrumento jurídico de prevención y actualización eficiente de las normas de comportamiento y convivencia ciudadana”.

El proyecto autoriza a la Policía para garantizar que en los establecimientos nocturnos y/o las fiestas privadas se cumpla con los límites de ruido permitidos y no se perjudique a unidades de vivienda o zonas residenciales.

También,  plantea prohibir que los vehículos de servicio público usen sus equipos de sonido con alto volumen, para evitar incomodidades y problemas de convivencia entre pasajeros y conductores.

Igualmente, incluye, por primera vez, medidas para evitar y sancionar las agresiones o la violación de la intimidad de una persona a través de redes sociales. De esta manera, “quien publique fotografías de otra persona tomadas en sitios privados tendría que pagar una multa de 325.328 pesos”.

El proyecto también aborda temas de protección de los animales. Así, fija como deberes de los ciudadanos combatir el maltrato animal, promover el cuidado de las mascotas y la responsabilidad con su circulación en espacios públicos.