Comenzará a discutirse el proyecto de acto legislativo que reformaría el artículo 90 de la Constitución Política para permitir que mediante ley se determinen los eventos en que la responsabilidad del Estado estará limitada, excluida o condicionada.

Según la ponencia, en ningún momento la propuesta pretende desconocer el derecho a la indemnización por los daños patrimoniales o extra patrimoniales causados, cuando se pruebe y resulte evidente la responsabilidad del Estado; por el contrario, lo que se busca es una modificación para que el legislador regule de una manera dinámica, efectiva e integral la forma en el que el Estado indemniza y repara a las víctimas, estableciendo tipologías de daño, así como montos, condiciones y limitaciones. (Lea también: Proyecto pide limitar las indemnizaciones por responsabilidad estatal)

“La iniciativa es el punto de inicio para poder controlar ese desenfrenado desangre económico que padece el Estado colombiano en la actualidad como consecuencia de miles de fallos en su contra, y de la débil institución que es hoy por hoy la acción de repetición”, agrega.

La idea, según la ponencia, es que, una vez aprobado el acto legislativo, se proceda por vía legal no solo a reglamentar aquellos eventos en los cuales la responsabilidad del Estado pueda estar limitada, condicionada o excluida, sino también a fortalecer la acción de repetición, para hacerla mucho más efectiva, y a consolidar la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado dotándola de mejores herramientas para su cabal funcionamiento.  (Lea también: Cuidado: proyecto de acto legislativo busca limitar la responsabilidad estatal)

“Tal como están las cosas, los fallos en contra del Estado significan una vena abierta, en detrimento de los recursos públicos, es decir, en perjuicio de los recursos que nos pertenecen a todos”, señala.

Según el informe de gestión del 2014 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a Diciembre de 2014, en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado se encontraban registrados 393.851 procesos activos en contra de la Nación por un valor de $ 226 billones en pretensiones, existiendo riesgo de perder $ 102 billones en los próximos 10 años, de acuerdo con los cálculos estadísticos realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).  (Lea también: Estos son los nuevos criterios de la Agencia de Defensa Jurídica para su intervención en procesos)

(Cámara de Representantes, Proyecto de acto legislativo 058/15C, 09/11/2015 )

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