La Corte Constitucional declaró inexequible el proyecto de ley 91/10S-63/09C, que modificaba la Ley 860 del 2003, sobre el régimen de pensión de vejez por exposición a actividades de alto riesgo.

Según el artículo 154 de la Constitución, cuando se trata proyectos que establecen el régimen prestacional de los empleados públicos, la iniciativa debe provenir del Gobierno o, en su defecto, contar con su aval y coadyuvancia.

Sin embargo, en esta oportunidad, existían cartas de rechazo por parte de los ministerios de Hacienda y de la Protección Social, que manifestaron su desacuerdo con el contenido del proyecto e incluso solicitaron su archivo definitivo.

Así las cosas, culminado el trámite legislativo, el Presidente de la República objetó la iniciativa, y la Corte Constitucional le dio la razón.

Según el alto tribunal, el vicio de trámite en la formación del proyecto no puede ser subsanado o corregido. Por lo tanto, para regular dicho régimen, deberá tramitarse una nueva iniciativa de origen gubernamental o que cuente con el apoyo del Ejecutivo.

(C. Const., Comunicado, Sent. C-821, nov. 1/11, M. P. Humberto Sierra)