Luego de reunirse con los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló prioridades para sacar adelante la reforma a la salud que se discute en el Congreso.

Según el mandatario, se trata de tres iniciativas básicas, dos de las cuales se refieren a las garantías para el funcionamiento financiero de los hospitales y la creación de Salud Mía. El otro punto es la eliminación de las EPS: “Todos coincidimos en que el funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Las entidades, como han venido existiendo, desaparecen y se convierten en simples gestoras”, explicó.

Santos indicó que la reforma se va seguir discutiendo, pues este es un tema de política pública que requiere debate permanente. “Hay unos artículos que tienen que ver con el salvamento de los hospitales. No podemos permitir que los hospitales se sigan cerrando por trabas financieras y por falta de una autorización legal, que les permita, por ejemplo, a las cajas de compensación pagarles a los hospitales”, agregó.

Críticas de Acemi

Por su parte, el presidente de Acemi, Jaime Arias, calificó como ambivalente, incierto e indeciso el proyecto de ley estatutaria que es examinado por la Corte Constitucional (P. L. 209/13S-267/13C).

A su juicio, la iniciativa no tiene la capacidad de resolver varios asuntos que necesitan regulación y medidas más efectivas para resolver problemas propios del sistema, como su financiamiento.

Sobre la sostenibilidad fiscal, lamentó que la reforma no atienda las exigencias de las entidades que prestan servicios de salud, que pretendían que los procedimientos y medicamentos identificados como no POS fueran incluidos en este plan. El anhelo, afirmó, era asegurar la financiación del 100 % por parte del Estado, eliminando las responsabilidades de los particulares ante el sistema de recobros.

A su juicio, el método actual ha generado una crisis tal que, a septiembre del 2013, se calcularon cuentas por cobrar al Fosyga de unos tres billones de pesos, de los cuales las entidades solo han recibido cerca de un billón.

Vale la pena recordar que, en enero pasado, la Procuraduría General de la Nación pidió que la Corte Constitucional declare inexequible por vicios de forma el proyecto de ley estatutaria. En su concepto, si hay lugar a adelantar un control material de la propuesta, varios apartes deben ser declarados inexequibles.