La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley que reforma el Código Penitenciario y Carcelario.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, insistió en que la iniciativa no permitirá la excarcelación masiva de internos. Por esa razón, aclaró, “no hemos dado ningún apoyo a otro proyecto que en ese sentido está haciendo tránsito en el Senado”.

Entre las novedades de la propuesta, se destaca la posibilidad de tener jueces de ejecución de penas en las cárceles y la eliminación de la multa como requisito para recobrar la libertad.

Uno de los artículos aprobados señala que la emergencia carcelaria será decretada cuando los niveles de ocupación de uno o más centros de reclusión afecten severamente los derechos fundamentales, cuando sobrevengan graves situaciones de salud o sanitarias y cuando la falta de prestación de servicios esenciales ponga en riesgo el buen funcionamiento del sistema. Para esos efectos, se entenderá como grave un nivel de sobrepoblación superior al 20 %.

Adicionalmente, la Cámara le dio el visto bueno a la propuesta de conceder el beneficio de detención domiciliaria a quienes hayan incurrido en delitos cuya pena sea menor de cinco años. Para ello, es necesario no ser reincidente, que la condena no haya sido fijada tras un acuerdo con la justicia y que no se haya incurrido en alguno de los delitos excluidos.

De otro lado, se aprobó un artículo que faculta a los jueces para decidir si permiten que los medios de comunicación entrevisten a los reclusos, teniendo en cuenta criterios como la seguridad nacional, la independencia del proceso, la seguridad de las víctimas y la seguridad del establecimiento en el que están recluidos.

Igualmente, se le dio luz verde al artículo que propone alianzas público-privadas para la administración, mantenimiento y construcción de nuevas cárceles.

La iniciativa pasará a tercer debate en la Comisión Primera del Senado durante la próxima legislatura.