La Comisión Primera del Senado aprobó, en tercer debate, el proyecto que busca solucionar los obstáculos que se han presentado para la implementación óptima de la Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Dentro de las reformas aprobadas está la reducción del número de audiencias y la entrega de facultades a la Fiscalía General de la Nación para que establezca criterios de priorización que le permitan concentrar sus esfuerzos investigativos en el esclarecimiento de los crímenes más graves.

De acuerdo con el texto aprobado, si se llega a comprobar que los desmovilizados dejaron de entregar bienes para reparar a sus víctimas, perderán los beneficios de la pena alternativa y serán obligados a purgar la condena impuesta antes de recibir el beneficio judicial.

La reforma también propone cerrar la puerta a nuevas postulaciones y establece un límite máximo de seis meses para que las personas que se hayan desmovilizado antes de que sea aprobado el proyecto soliciten los beneficios de la Ley 975 del 2005, contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Sin embargo, para el caso de las nuevas desmovilizaciones individuales, el plazo máximo de postulación será de un año, que se contará a partir del día de la desmovilización.

“La investigación se centrará en develar la verdad sobre el contexto y el patrón criminal para desmantelar los grupos armados al margen de la ley, y se fortalece la persecución de los bienes de los postulados que deberán ser destinados a la reparación de las víctimas”, explicó Miguel Samper, director de Justicia Transicional, del Ministerio de Justicia y del Derecho.