La iniciativa, compuesta por 16 artículos, busca regular el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados a la publicidad estatal.

Así, prohibiría toda publicidad dirigida a la autopromoción de funcionarios o que esté orientada a difundir metas y resultados de gestión, enaltecer o promocionar la imagen particular del Gobierno o de un partido o movimiento político.

Adicionalmente, se restringiría el flujo de recursos para la publicidad y no se permitiría la destinación de dinero de una entidad pública para el manejo de la imagen personal de algún funcionario. (Lea: Recuerdan prohibición de ejecutar recursos públicos en periodo electoral)

El proyecto de ley contempla la creación en cada entidad pública o de naturaleza mixta de un comité de publicidad, conformado por cinco miembros de nivel ejecutivo, directivo o asesor, quienes evaluarán la pertinencia de dicha contratación, y asesorarán al titular de cada entidad, bien sea directa o a través de su comité de contratación.

Así mismo, quedaría prohibida la contratación directa en materia de publicidad estatal, salvo en aquellos casos en los que se presenten hechos sobrevinientes de fuerza mayor, tales como catástrofes o desastres naturales, epidemias o pandemias. 

Para los ponentes, el proyecto de ley no debe continuar su trámite en el Legislativo por cuanto en el año 2015 fue presentada una iniciativa en idéntico sentido y fue archivada.

Según se explica, la ponencia negativa presentada en julio del 2016 fue el producto de un análisis exhaustivo en el que se procedió a realizar un cuestionario de 10 preguntas relacionadas con el gasto en publicidad a diversas entidades estatales.

Para obtener respuestas y analizar la información se necesitó tiempo adicional, por eso la entrega de la ponencia se prorrogó. El resultado del análisis constató la inviabilidad del proyecto, culmina la ponencia.

Cámara de Representantes, Ponencia proyecto de ley 147/16C, 24/05/17

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