Fue presentado un proyecto de ley de autoría del representante Iván Darío Agudelo que tiene por objetivo establecer una amnistía a los deudores de multas por infracciones de tránsito. La iniciativa ya cuenta con ponencia positiva para primer debate, el cual se llevará a cabo en la Comisión Sexta de la Cámara.

¿En qué consiste la propuesta?

Por un término de seis meses, todos los infractores que tengan pendiente el pago de multas por infracciones a las normas de tránsito impuestas antes de la promulgación de la ley, en caso de que llegue a aprobarse, podrán acogerse a un descuento del 50 % del total de su deuda con sus respectivos intereses.

Ahora bien, aquellas personas que no se hayan acogido a la amnistía en los primeros seis meses podrán hacerlo en los siguientes seis meses y tendrán un descuento del 25 % del total de la deuda.

Adicional a los  beneficios económicos, para los infractores que se acojan a esta amnistía finalizará, sin necesidad de ninguna otra actuación, el proceso contravencional de tránsito.

Plazo para dar cumplimiento al acuerdo de pago

Quienes se acojan a la amnistía y firmen acuerdos de pago tendrán hasta un año de plazo para pagar la deuda. Aquellos que incumplan con una sola de las cuotas pactadas perderán el beneficio de la amnistía y la autoridad iniciará la ejecución por la totalidad de lo adeudado, procediendo a reportar la novedad en el Sistema nacional de infracciones de tránsito.

Por último, se facultaría a las autoridades de tránsito municipales o departamentales para que del dinero recaudado por concepto de las amnistías se puedan cancelar las deudas que con corte al 31 de diciembre de 2016 le adeuden al Ministerio de Transporte por concepto del 35 % por derechos de tránsito, correspondientes a licencias de conducción, licencias de tránsito y placa única nacional de que trata el artículo 15 de la Ley 1005 del 2006.

Las cifras

Dentro de la exposición de motivos se muestran las cifras de cartera por concepto de multas de tránsito que presentan las principales siete ciudades capitales del país, para reflejar la incapacidad del recaudo.