Tannia A. Valenzuela R.
Legal Counsel - Abroad

Por supuesto que el mundo de los negocios está lleno de anglicismos, y ni se diga del mundo jurídico en entornos digitales. Pero, como no podemos escapar de ellos, el único consuelo es aprender qué son, para qué sirven y cómo funcionan. El mejor ejemplo en esta oportunidad es conocer un poco más sobre la travel rule y su importancia para los proveedores de servicios de activos digitales (VASPs, por su sigla en inglés).

La travel rule, o “regla de viaje”, es una norma internacional que busca prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su origen se remonta a la Regla 31 del Bank Secrecy Act (BSA) de EE UU y, posteriormente, fue adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 16. El propósito de esta regla es que las instituciones financieras compartan cierta información sobre los remitentes y destinatarios de transferencias electrónicas.

En la actualidad, esta regla se ha extendido más allá de la banca tradicional, aplicándose también a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), quienes deben transmitir y conservar información sobre el ordenante y el beneficiario de las transferencias de fondos, incluyendo criptomonedas y otros activos digitales.

Y, como su nombre lo indica, hay una información que debe “viajar” con cada transacción. Por parte del originador (es decir, quien envía), debe incluirse: nombre completo, número de documento de identidad o identificación del cliente, y dirección, número de cuenta o identificación de la wallet (billetera digital). Por parte del beneficiario (quien recibe), se debe incluir: nombre completo y número de cuenta o identificación de la wallet.

Países como Suiza, Singapur, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y EE UU ya implementaron la travel rule, aunque no sin desafíos. Entre ellos se encuentran la dificultad de lograr interoperabilidad entre plataformas, la complejidad de identificar wallets no custodiadas, y los costos tecnológicos y operativos que implica el traspaso y la custodia de información.

Sin embargo, en países de la región (Latinoamérica), y específicamente en Colombia, aunque se observan los estándares del GAFI, la ausencia de regulación específica, la falta de criterios claros sobre cuándo aplicar la travel rule y la incertidumbre sobre el rol de las entidades financieras que actúan como intermediarios para exchanges, han impedido la aplicación efectiva de esta norma.

El reto, como se ha dicho en múltiples artículos de expertos en el tema, es lograr regulaciones que permitan la auditabilidad de las operaciones, sin limitar la innovación. Seguramente, con el proyecto de ley presentado a inicios de año en el Congreso de la República, el cual en su exposición de motivos expresó la necesidad de crear un registro nacional de proveedores de servicios de activos virtuales, se avanzará en este camino.

Implementar la travel rule en Colombia podría convertirse en una herramienta clave para legitimar y dar seguridad al ecosistema cripto. Además, su adopción no es solo una exigencia internacional, sino una oportunidad para posicionar al país como un referente en regulación innovadora y segura para todos los actores del sistema. El balance entre innovación, cumplimiento normativo y protección de derechos es el gran reto que enfrentan los legisladores en nuestro país.   

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