Juan José Ojeda Perdomo
Magíster en Derecho Empresarial

El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha introducido transformaciones significativas en los diversos órdenes de la vida económica, social y jurídica. Lejos de ser una herramienta reservada para el futuro, la IA constituye ya una realidad presente que está modificando las formas tradicionales de producción, organización, gestión y, por supuesto, de regulación. En el ámbito jurídico, y particularmente en el Derecho Empresarial, esta tecnología plantea desafíos estructurales que reclaman una revisión crítica de los marcos normativos vigentes, así como de las metodologías con las que se ejerce la profesión legal.

En efecto, el Derecho Empresarial, por su estrecha vinculación con los sectores productivos y financieros, es uno de los campos jurídicos más directamente impactados por la transformación digital. La automatización de procesos internos mediante IA (como la redacción y revisión de contratos, el cumplimiento regulatorio, el análisis de riesgos legales y la gestión documental) está siendo progresivamente incorporada por empresas que buscan eficiencia operativa, reducción de costos y mitigación de contingencias. No obstante, este fenómeno plantea interrogantes complejos sobre la atribución de responsabilidad, la protección de datos sensibles, la propiedad intelectual de los algoritmos y la validez de decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados.

La IA, en su diseño actual, no posee capacidad de comprensión jurídica ni criterio normativo. Sus respuestas, si bien estructuralmente correctas en apariencia, carecen de análisis dogmático y contextual, lo cual puede derivar en errores sustanciales si se utilizan de forma acrítica. Este hecho obliga a mantener el control humano como eje rector del ejercicio jurídico, evitando que se deleguen en sistemas autónomos decisiones que deben estar fundadas en el juicio experto, la ponderación de principios y la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico.

En el entorno empresarial, estos riesgos se acentúan dada la velocidad con la que las decisiones deben ser tomadas y ejecutadas. Por ello, resulta necesario dotar a las empresas de marcos internos de gobernanza algorítmica que establezcan criterios de validación de los procesos automatizados, garanticen la trazabilidad de las decisiones y asignen de manera clara la responsabilidad frente a posibles contingencias jurídicas.

Por otra parte, el uso corporativo de sistemas de IA plantea importantes retos desde la perspectiva de la protección de datos personales. Muchas de estas tecnologías requieren procesar grandes volúmenes de información para operar adecuadamente, lo cual puede entrar en tensión con los principios consagrados en la Ley 1581 de 2012 y con los estándares internacionales en materia de privacidad. De allí que las organizaciones deban implementar políticas robustas de compliance digital y someter sus desarrollos tecnológicos a auditorías jurídicas especializadas.

En ese orden de ideas, resulta indispensable que los operadores jurídicos se capaciten en el manejo de herramientas tecnológicas y desarrollen competencias interdisciplinarias que les permitan comprender los fundamentos técnicos de la IA, evaluar sus riesgos y participar activamente en la formulación de normas jurídicas adaptadas a la realidad digital. El abogado empresarial del siglo XXI no puede ser ajeno a la transformación tecnológica; por el contrario, debe posicionarse como articulador entre la innovación corporativa y la legalidad.

Asimismo, el uso de IA puede constituir una oportunidad estratégica para mejorar el acceso a servicios jurídicos por parte de pequeñas y medianas empresas, tradicionalmente marginadas de asesorías especializadas debido a sus limitaciones presupuestarias. La disponibilidad de plataformas legales automatizadas permite, con un adecuado acompañamiento, reducir las barreras de entrada al cumplimiento normativo y fortalecer la cultura de legalidad en el sector productivo.

Ahora bien, estas posibilidades solo podrán materializarse si el Poder Legislativo avanza hacia la construcción de una regulación integral, técnica y garantista, que armonice el fomento de la innovación con la protección de los derechos fundamentales. La IA, como fenómeno transversal, no debe ser abordada desde la lógica fragmentaria de las reformas sectoriales, sino desde una perspectiva sistémica que involucre al Derecho Civil, Comercial, Laboral, Financiero y de Protección de Datos.

En conclusión, el uso de IA en el entorno empresarial constituye un punto de inflexión para el Derecho. Lejos de limitarse a un cambio instrumental, su impacto exige una renovación en la forma de concebir el ejercicio profesional, en la manera como se estructura la responsabilidad jurídica y en el rol que cumplen los abogados en el diseño de políticas corporativas. Aceptar este reto es, en definitiva, asumir que el Derecho no puede ser ajeno a los procesos de transformación que configuran la sociedad contemporánea.  

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