Con estas palabras, una de las parejas del grupo tutelante le pidió a la Corte Constitucional que reconozca que el establecimiento del vínculo civil que pretenden formalizar sea denominado matrimonio. “Nuestro matrimonio es el paso a la igualdad”, manifestaron, al relatar cómo su propósito se ha convertido en causa de persecución, a diferentes órdenes, casi al punto de convertirlas en delincuentes. Aseguran que el no poder denominarse a sí mismas como esposas supone un acto discriminatorio inaceptable frente a los matrimonios heterosexuales e impide el ejercicio de su derecho a elegir. Además, adujeron que una democracia en la que no se respeta esa garantía profundiza las desigualdades. No queremos ciudadanías de primera y segunda categoría, señaló otra pareja ante la negativa de un notario de dar fe de su matrimonio. A su juicio, la posición de la Procuraduría, como juez disciplinario de estos funcionarios, ha contribuido a que parejas gay no puedan casarse, como sí lo han hecho en mayor medida los jueces, dicen, gracias a que su juez natural no es el Ministerio Público sino el Consejo Superior de la Judicatura.