La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del segundo inciso del artículo 13 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), que resta obligatoriedad a las estipulaciones de las partes dirigidas a fijar el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a la administración de justicia. Precisamente, en el escrito se sostiene que esta disposición vulnera no solo el principio de libre autonomía de la voluntad, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y la buena fe, sino que, además, excede el margen de configuración del legislador, porque elimina los efectos jurídicos de los pactos que impliquen el agotamiento de mecanismos alternativos de solución de controversias. Según los demandantes, si bien el inciso acusado no establece de manera explícita una prohibición, al incorporarse una ineficacia de pleno derecho se impide que las cláusulas escalonadas tengan consecuencias jurídicas.