La Corte Constitucional publicó recientemente el texto completo de la Sentencia C-213 del 2017,  en la cual se  resuelve una demanda en contra del artículo 338 del Código General del Proceso (CGP), que establece como condición para acceder a la casación en un conflicto económico que el valor del perjuicio sufrido por el recurrente sea superior a 1.000 salarios mínimos legales. De acuerdo con el fallo de casi 50 páginas, la Sala constató que la jurisprudencia constitucional ha reconocido, antes y después de la expedición del CGP, que el Congreso es titular de una amplia potestad de configuración en materia procesal y, en particular, para regular los recursos extraordinarios, tal y como ocurre con el de casación. Así las cosas, declaró la exequibilidad de la disposición acusada y concluyó que el establecimiento de tal cuantía, como condición de acceso para este recurso, no tiene como efecto privar a las personas en situación de debilidad económica de la protección estatal (M. P. Alejandro Linares).