La procedencia o no de los intereses moratorios previstos en el artículo 231 de la Ley 223 de 1995, por extemporaneidad en el registro de actos, contratos o negocios jurídicos, corresponde determinarla a las asambleas departamentales, a iniciativa de los gobernadores, al ser los departamentos los titulares del impuesto de registro, señaló la Superintendencia de Notariado y Registro. Las oficinas de registro de instrumentos públicos solo están facultadas para exigir el comprobante de cumplimiento de pago.