En los términos de la Ley 1285 del 2009, además de la unificación de jurisprudencia, la realización del derecho objetivo y la reparación del agravio inferido a las partes, el recurso de casación tiene como finalidad la protección de los derechos constitucionales. Dicho objetivo fue reiterado en el artículo 333 del Código General del Proceso, que además consagró la exigencia de respetar el régimen convencional por estar incorporado al ordenamiento jurídico interno en virtud del bloque de constitucionalidad y el principio de eficacia de los tratados internacionales. Por lo tanto, la Sala Civil precisa que la Constitución contiene la suficiente fuerza normativa como para configurarse un cargo propio como causal de casación, a fin de garantizar a todas las personas el ejercicio de ciertos derechos, particularmente los que son irrenunciables, como la seguridad social y el acceso a los servicios de salud (M. P. Luis Armando Tolosa Villabona).