El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó un recuento sobre el desarrollo jurisprudencial en materia de práctica de procedimientos de anticoncepción definitivos en personas con discapacidad mental, el cual se ha fundado bajo el presupuesto de maximizar la autonomía de la persona y minimizar la intromisión de los padres o representante legales. En la Sentencia C-182 del 2016, por ejemplo, la Corte Constitucional señaló que el consentimiento sustituto, relacionado con la posibilidad de que terceras personas puedan autorizar intervenciones médicas sobre aquellos que, en principio, carecen de la capacidad o autonomía suficiente para manifestar su voluntad informada, tiene carácter excepcional. Estos son algunos parámetros jurisprudenciales: las personas en condición de discapacidad son sujetos plenos de derechos y gozan de derechos sexuales y reproductivos, además del derecho a fundar una familia y asumir una progenitura responsable.