La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 338 del Código general del Proceso (Ley 1564 del 2012), que establece como condición para acceder a la casación en un conflicto económico que el valor del perjuicio sufrido por el recurrente sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según los demandantes, la imposición de este mínimo es desmesurada y vulnera el derecho a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, la libertad de configuración del legislador y, además, contradice la efectividad y los fines de la casación, los cuales buscan la eficacia de los mecanismos jurídicos y la defensa de los derechos constitucionales. Así las cosas, el alto tribunal deberá examinar si, como lo sostiene la demanda, al incrementar el interés de la cuantía para recurrir en casación se redujo el acceso a la justicia de varios nacionales colombianos o si, por el contrario, la disposición se ajusta a los fines contemplados por el legislador.