Ante la advertencia que hizo el Ministerio Público sobre la importancia de brindar los requisitos logísticos y tecnológicos necesarios para la entrada en vigencia del Código General del Proceso, hecho cumplido desde el pasado 1° de enero, lo que ha derivado en un cese de actividades en algunos despachos de Bogotá, la Procuraduría exhortó al Congreso de la República para que tramite prioritariamente el proyecto de ley 078/15S, por medio del cual se pretende que los procesos de implementación de la Ley 1395 entren en vigencia a partir del 31 de diciembre del 2018 y los de la Ley 1564 del 2012, hasta el 1º de enero del 2019. Finalmente, instó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a adoptar las medidas tendientes a cumplir los requisitos constitucional y legalmente establecidos que permitan la adecuada ejecución de la oralidad en la justicia civil; además de buscar una solución concertada con las organizaciones sindicales al frente de esta parálisis judicial.