El procedimiento de jurisdicción voluntaria previsto en el numeral 7 del artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, sobre interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta y su rehabilitación, es el mecanismo idóneo para la protección de las personas en estado de indigencia y mentalmente ausentes, pues busca la protección integral del interdicto, tanto en su patrimonio como en su salud y calidad de vida, precisó el Ministerio de Salud. En la sentencia que declara o no la interdicción, el juez puede decretar las medidas de protección personal y terapéuticas que considere necesarias.