De acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1531 del 2012, uno de los efectos que tendrá la declaración de ausencia por desaparición forzada es garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios, cuando se trate de un servidor público. La demanda de inconstitucionalidad ataca las expresiones “de la familia y de los hijos menores” y “cuando se trate de un servidor público”, con base en la supuesta violación de los artículos 1º, 13 y 95 (numeral 2º) de la Constitución Política. Según el ciudadano, el Congreso incurrió en una omisión legislativa, pues la norma no incluyó a la pareja homosexual del desaparecido o a los hijos mayores discapacitados que dependan económicamente de su padre desaparecido, entre otros posibles beneficiarios (demandante: Cristian Hernán Gómez Navarro).