La Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la implementación del sistema para la prevención y el control del lavado de activos y la financiación el terrorismo (Siplaft), con el fin de minimizar el riesgo de que recursos provenientes de estas actividades se introduzcan en los procesos de escrituración.

El Siplaft deberá abarcar las actividades que se consignan en escritura pública y contener políticas, procedimientos, mecanismos de control e instrumentos para identificar los documentos y la información suministrada por los usuarios.

Por lo anterior, las notarías tendrán que establecer herramientas para identificar operaciones inusuales o sospechosas, como aplicativos tecnológicos que generen alertas y hojas electrónicas cuya información pueda ser consolidada periódicamente y permita monitorear los actos escriturarios.

Las políticas y los procedimientos adoptados para la implementación del Siplaft deberán comunicarse a todos los empleados y a cualquier persona que tenga vinculación contractual con la notaría. Además, se incluirán en el reglamento interno de trabajo, el manual de funciones o el contrato de trabajo de cada despacho.

Las notarías están obligadas a capacitar a todos sus empleados en las políticas, procedimientos, herramientas y controles adoptados, por lo menos una vez al año.

Aunque el Siplaft deberá implementarse a más tardar el próximo 31 de diciembre, los reportes de operaciones notariales y de operaciones sospechosas se enviarán a partir de enero del 2014.

(Superintendencia de Notariado y registro, Circular Externa 1536, sep. 17/13)

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