Entrada en vigencia de la oralidad no cumple exigencias logísticas, ni reclamos de jueces y magistrados: Sala Civil (4:19 p.m.)

La Sala Civil de la Corte Suprema expidió un comunicado en el que advirtió que existen serios riesgos de traumatismo en los despachos judiciales porque no tienen la tecnología, los modelos de gestión ni las suficientes salas de audiencias y personal que demanda el adecuado desarrollo del sistema oral en la jurisdicción civil del país. Según la corporación, el Consejo Superior de la Judicatura “intempestiva e inopinadamente” expidió el pasado 1 de octubre el Acuerdo PSAA15-10392, que puso en vigencia, a partir del 1° de enero del 2016, el Código General del Proceso (CGP), ignorando el plazo extendido que contempla el numeral 6 del artículo 627 del CGP, corregido por el Decreto 1736 del 2012; además, olvidando atender los reclamos y requerimientos suplicados por la gran mayoría de jueces y por los distintos distritos judiciales, relacionados con la falta de medios y herramientas para desarrollar la nueva regulación proyectada. Bajo esos argumentos, reprochó la “inesperada determinación”, pues sin cumplir las más inmediatas exigencias logísticas, se pone en marcha el nuevo ordenamiento, sin ni siquiera haber entrado en vigencia en todo el territorio nacional el modelo de la Ley 1395 del 2010.