Una acción pública de inconstitucionalidad admitida recientemente en la Corte Constitucional pretende la inexequibilidad del término “seguido del”, contenido en el artículo 1° de la Ley 54 de 1989, por medio de la cual se reforma el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970. Como pretensiones secundarias se solicita realizar una interpretación y consecuente pronunciamiento que permita determinar, hasta que el Congreso decida regular la materia, lo siguiente: concluir que en Colombia los padres eligen consensualmente cuál es el orden de los apellidos y, a su vez, que se indique el procedimiento que ha de surtirse por parte de los funcionarios en caso de que no haya un acuerdo en torno a esta cuestión.