ATENCIÓN: Aplazan entrada en vigor de centros de servicios judiciales para juzgados civiles y de familia

Hace unos días, los sindicatos de la Rama Judicial advirtieron que el Consejo Superior de la Judicatura desconocía los trabajos y recomendaciones de la mesa de concertación que discute la aplicación Acuerdo 10445 del 2015, el cual definió la estructura para los centros de servicios judiciales en los juzgados civiles y de familia. (Lea: Número de despachos judiciales debe coincidir con demanda de justicia: López)

Justamente, avisaron que la corporación judicial tenía pensado, unilateralmente, ordenar la prórroga de la suspensión del Acuerdo 10445, hasta el próximo año. “Esta postura desconoce abiertamente los efectos vinculantes de la mesa y desnaturaliza la concertación”, enfatizaron.

Pero también que una nueva prórroga  “pasaría por encima de las organizaciones sindicales, al no resolver de fondo el futuro de los centros de  servicios judiciales para estas jurisdicciones”. (Lea: Consejo Superior prorrogará Acuerdo 10445 hasta el 2017, denuncian sindicatos)

En virtud del Acuerdo 10581 del 2016, el Consejo Superior hace oficial esta situación, pues prorrogó hasta el 30 de abril del 2017 la suspensión de la entrada en vigencia del 10445.

No es la primera vez que se aplazan estas medidas por parte de la administración de justicia, el Acuerdo 10452 del 2016 aplazó la entrada en vigor del  10445 hasta el 29 de febrero; posteriormente, fue necesario mantener la suspensión, por dos meses, hasta el 30 de abril de este año, con el fin de lograr un acercamiento efectivo entre los diferentes actores de la comunidad judicial.

Al parecer la concertación no ha dado frutos, porque el acto expedido solo amplía el plazo de entrada en vigencia de los centros de servicios judiciales, pero no hay allí otro resultado producto de estos meses de acuerdo y negociación.

Precisamente, lo último que habían propuesto los trabajadores organizados era que si no se revocaba el acuerdo y se ponían en funcionamiento los centros de servicios estos tuvieran personal nuevo y ajeno al de los despachos judiciales, lo cual preservaría los cargos del juzgado base.

Llamado a los garantes del proceso

Los líderes de los trabajadores de la justicia van acudir a los garantes de este proceso (Minjusticia y Defensoría del Pueblo) para que cumplan con su misión de terceros mediadores y “hagan entender a los magistrados del Consejo Superior que actuar por fuera de la mesa de concertación es desleal y refleja un talante arbitrario”, manifestaron. (Lea: Sindicatos judiciales y Consejo Superior definirán futuro de centros de servicios para juzgados civiles)

Concluyen que si la corporación judicial persiste en “su estilo dictatorial y excluye a los judiciales en la toma de decisiones al expedir este tipo de acuerdos no existirá la paz laboral”.

Finalmente, se espera que en estos días salga un comunicado conjunto de estas organizaciones para tener certeza sobre el camino que van a tomar frente a esta situación.

Como se recordará, por casi tres meses los trabajadores de la justicia civil y de familia, en Bogotá, permanecieron en cese de actividades y en asambleas generales exigiendo la revocatoria de la polémica disposición.

Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo  PSAA16-10581, Sep. 30/16

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