La justicia colombiana y las TIC, una necesidad apremiante

Héctor José García Santiago

Presidente Ejecutivo de Certicámara S. A.

Las leyes procesales más recientes (códigos General del Proceso y de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) expresamente permiten el uso de las tecnologías modernas de información y comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales, y hasta imponen a la Rama Judicial la obligación de desarrollar planes de modernización que las incorporen gradualmente.

Sin embargo, pasados más de cinco años de estas reformas, los avances son limitados. Solo es frecuente el uso de tecnologías tradicionales de grabación en video y en audio para registrar el curso de las audiencias que luego se adicionan a los expedientes en formatos DVD o CD. Algunos despachos han tratado de digitalizar en forma total o parcial los expedientes tradicionales mediante el uso de escáneres, con resultados muy desiguales. En materia penal, a veces se usan videoconferencias, principalmente cuando partes o testigos no se encuentran en el país.

Frente al rezago de la administración de justicia, son notables los avances de otros sectores, como el notarial. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, con el apoyo de Certicámara S. A., ha puesto en marcha diversos proyectos para impulsar la aplicación de nuevas tecnologías en el sector notarial. Se destaca el que ha convertido a Colombia en el primer país que implementa mecanismos de biometría móvil certificada. Este sistema permite a los notarios validar la identidad de una persona en cualquier lugar sin necesidad de desplazarse de sus oficinas y/o hasta la notaría, lo cual mejora la eficiencia de sus servicios a los ciudadanos y sienta las bases de la notaría digital en Colombia.

Una tecnología de este tipo sería ideal para impulsar procesos penales con detenidos en distintos lugares. Sin necesidad de desplazarlos fuera de los centros de reclusión, los jueces podrían interrogarlos por videoconferencia previa verificación de su identidad por un mecanismo perfectamente seguro que utiliza las bases de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), a diferencia del tradicional cotejo de la foto de la cédula de ciudadanía por parte del secretario del despacho. En un país donde los casos de homonimia, seudónimos y hasta múltiples identidades son frecuentes, las TIC podrían reducir el riesgo de errores judiciales.

Otra dimensión que deben atender los planes de modernización de la administración de justicia son los mecanismos de seguridad de la información para mitigar los riesgos de suplantación de identidad, fraudes o alteración de documentos que hacen parte de un expediente judicial. Las mejores prácticas en el uso de estas TIC exigen combinar la biometría móvil certificada con la firma digital de los funcionarios responsables (juez y secretario, principalmente, pero también responsables del Inpec o de la Policía Nacional).

Para audiencias prolongadas o complejas, sería conveniente incorporar mecanismos de identificación biométrica por voz o rostro que aseguren la identidad de quien participó en cada sesión como imputado o testigo, de tal modo que después no pueda desconocer sus propias declaraciones o sustituirlas caprichosamente, como ha sucedido en numerosos casos de “falsos testigos”.

No se trata de tecnologías futuristas o de alto costo. Ya están disponibles en el mercado a un costo razonable y permiten que cualquier persona sea reconocida por medio de sus rasgos físicos unidos a mecanismos seguros de autenticación previo cotejo presencial ante un operador biométrico autorizado por la RNEC.

Las TIC que actualmente respaldan la oralidad en Colombia no son seguras. Los DVD o CD pueden extraviarse o adulterarse, de tal forma que los funcionarios judiciales pueden perder información valiosísima para tomar decisiones. Un registro confiable de video o audio requiere de una validación de identidad previa segura, la biometría y mecanismos de certificación digital permitirían preservar esas evidencias en medios más seguros (por ejemplo, una “nube segura” de la Rama Judicial) debidamente protegidos mediante claves de acceso y sellos de tiempo que registren confiablemente cualquier acceso a la información o intento por modificarla. La tecnología está disponible, solo falta que los planes de la Rama Judicial la incorporen conforme lo exige la ley.