Colombia y el Estado social de derecho

José Andrés Prada Gaviria Abogado/Traductor

Abogado y especialista en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario

 

Siempre me he considerado una persona afortunada. He tenido la oportunidad de conocer otros países y en ese sentido conocer otras personas y otras culturas. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación y a las facilidades que existen, estos permiten que interactuemos de una manera más fácil con otras culturas. Sin embargo, creo que no hay nada como vivir en otro país para llegar a empaparse más directamente de cómo se piensa y se vive allí.

 

Nuestra cultura es difícil. Venimos de una colonización de los españoles que si bien nos dejaron cosas buenas también trajeron con ellos cosas malas. Algunos afirman que esa ambición por el oro y las riquezas de los españoles fue heredada por nosotros y de ahí viene todo ese enriquecimiento fácil y corrupción que vemos con frecuencia en las noticias diarias.

 

Para nadie es un secreto que la delincuencia y el dinero fácil son un mal de todos los días. Lo cierto es que el Derecho no solo desde el punto de vista teórico, sino en la práctica resulta ser una herramienta muy útil para lograr no solo disuadir estos comportamientos delictivos, sino también castigarlos. Se debe trabajar desde la infancia con programas educativos que enseñen que los valores como la vida deben ser respetados. Valores que son absolutos y que bajo ninguna circunstancia deben ser vulnerados, ya que existen los mecanismos jurídicos para que esto se lleve a cabo.

 

Para lograr lo anterior, se requiere de una voluntad verdadera que nos lleve a sancionar socialmente y jurídicamente, como es debido, estos delitos, ya sea que estos se generen en las altas esferas del poder o pertenezcan a los demás estratos de la sociedad.

Pareciera que nos hemos acostumbrado a convivir con el mal, algo inconcebible en cualquier sociedad. Pero no todo está perdido. El Derecho como ciencia, si bien reconoce nuestras diferencias de pensamiento, de creencias y de religión, por mencionar algunas, también nos hace iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos y debemos igualmente respetar los de los demás.

 

Es entonces, mediante el Derecho, como se busca crear una sociedad más justa en la que todos nos veamos beneficiados sin importar nuestras diferencias sociales ni económicas, ayudando de esta manera a evitar la injusticia social y creería yo a combatir las necesidades insatisfechas. Esto debería repercutir en el tejido social de la población de nuestro país, combatiendo la desigualdad y el resentimiento que en la mayoría de los casos se debe a la falta de oportunidades y a una riqueza mal distribuida.

 

Para enfrentar lo anterior considero relevante mencionar la inclusión en nuestra legislación, a partir de la Constitución Política de 1991, del concepto de Estado social de derecho[1]. Esto implica que en Colombia exista un “Estado social de derecho, en el cual las necesidades básicas insatisfechas, tanto económicas como sociales, reclaman una intervención activa del Estado, al señalar los mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan la realización material de esos derechos[2]”. Esto incluye el respeto de los derechos fundamentales.

 

Nuestra Corte Constitucional[3] ha afirmado que el Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección.

 

De tal manera un Estado social de derecho busca no solo ayudar a los más desfavorecidos, como se ha hecho evidente en esta pandemia, sino garantizar esa igualdad que mencioné en la que todos somos iguales ante la ley.

 

A pesar de que existen las disposiciones en la teoría, lo difícil es dar el paso a la realidad. Siempre se habla de la justicia de papel que existe en nuestro país y que por una u otra razón parece no poder salir de ahí, del papel. Lo cierto es que nuestro país cuenta con instrumentos legales para materializar estos fundamentos jurídicos necesarios para el adecuado funcionamiento de una sociedad. Sin ellos las desigualdades serían aún mayores al igual que las inconformidades en la población menos favorecida.

 

Traigo a colación la sociología como una ciencia para estudiar el comportamiento de los humanos dentro de un país. “Así como los animales y la naturaleza necesitan estudiosos que se dediquen a observar sus comportamientos, los seres humanos necesitamos lo mismo, es decir, el ser humano, como individuo es un ente que conforme va pasando el tiempo va cambiando: su modus vivendis, su entorno, su pensamiento, su filosofía, sus ideas, hasta su apariencia, y la Sociología es la ciencia social que estudia estos comportamientos desde diferentes puntos de vista”[4].

 

Tal vez una aproximación desde la sociología nos lleve a concluir que la generación que actualmente gobierna y los ciudadanos de a pie no tienen otra solución diferente a esperar que ellos mueran. La esperanza estará en los nuevos ciudadanos: los niños y jóvenes que con los nuevos valores busquen crear una sociedad nueva y más justa.

 

La verdad de lo que vaya a pasar no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que debemos resaltar lo que está pasando; es decir aquellos comportamientos o prácticas (entre ellas la corrupción) que atentan contra el principio de buena fe y los demás valores. Nuestro sistema jurídico montado en unos principios garantistas que de alguna manera buscan proteger al individuo contra las injusticias, a mi modo de ver nos resulta perjudicial en la actualidad al proteger excesivamente a los delincuentes (salvo los casos de abuso policial que son la otra cara de la misma moneda). Si viviéramos en una época o momento diferente, en el que primaran los principios y derechos que nuestra Carta Política nos otorga, tal vez allí el sistema garantista funcionara. Pero la verdad bajo las circunstancias actuales es muy difícil que ello ocurra.

 

Son males igualmente dañinos la falta de respeto a la autoridad, la falta de respeto a los bienes públicos, la falta de pertenencia con la ciudad (en el caso de Bogotá), la deshonestidad en el pago de los boletos de Transmilenio, solo por mencionar algunas de las plagas que nos aquejan.

 

Estoy convencido de que solamente enfatizando en programas educativos con los jóvenes y con las nuevas generaciones podemos darle un vuelco a todo esto. Los mecanismos jurídicos existen. Lo que pasa es que la gente no cumple con aquello dispuesto en la ley y a veces las instituciones jurídicas son demasiado laxas en cuanto a la imposición de penas y liberación de los delincuentes, sin perder de vista que nuestras cárceles no dan abasto en materia de ocupación.

 

Valores absolutos como la vida son trasgredidos a diario. Rige una violencia constante así como una intolerancia hacia todo. Si pudiéramos tener ciudades pacíficas en las que la gente se sintiera querida, acogida desde que nace con su lugar de origen y con la gente que la rodea, nuestra realidad sería diferente.

 

El problema principal a mi modo de ver es de carácter cultural. De ahí la importancia en combinar el Estado social de derecho que contempla nuestra Constitución Política para ayudar a los más vulnerados y para hacer respetar los derechos fundamentales de las personas, con una actuación acorde por parte de los ciudadanos que sea consecuente con las ciudades y con la gente del siglo XXI.

 

No podemos seguir comportándonos como unos desadaptados y conviviendo con la impunidad. Es cierto que el Estado no la tiene fácil, pero para que podamos avanzar hacia un camino de paz y progreso, así como hacia un mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos, se requiere de una combinación leal, eficiente y duradera entre el Estado y sus gobernados.