La crisis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Luis Miguel Hoyos Rojas

Constitucionalista y filósofo del Derecho

Doctorando en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid (España)

La “altermodernidad jurídica” es una invisible conciencia que invita a las tradiciones constitucionales latinoamericanas a prohibir cualquier repliegue identitario, sobre todo si viene de “Europa”. Travestida ahora de ciertas epistemologías del sur, implica en ocasiones apelar al “deconstruccionismo de Derrida” que distrae de los problemas de la región que no son, precisamente, las bases ilustradas de la modernidad.

Romper con las tradiciones políticas modernas nos ha costado muchas cosas. Entre estas, la imposibilidad de replantear el concepto de soberanía de Estado y, con ello, avanzar en la madurez conceptual que defina la arquitectura de una unión jurídica latinoamericana, para, de esa forma, constituir un modelo policéntrico con varios ejes de realidad constitucional.

El Sistema Andino de Integración, que da origen a la Comunidad Andina (CAN), es un ordenamiento comunitario poco afortunado y, salvo excepciones, no se enseña en las facultades de Derecho. Ni qué decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) que existe desde 1979 y tiene sede en Quito (Ecuador). A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aspira a constatar las llamadas “tradiciones jurídicas comunes” y unificar el consenso regional de constitucionalidad. Es decir, erigir el tan anhelado modelo policéntrico y multinivel de una futura ingeniería judicial latinoamericana. Pero tal armonización no existe. Aún nuestros Estados viven en fronteras jurídicas “solipsistas” que, en ocasiones, ignoran la necesidad de integrarse comunitariamente.

Alfredo Fuentes Hernández, exsecretario general de la CAN, manifestó que en el TJCA las causas judiciales recibidas se cuadruplicaron entre el 2008 y el 2018 y las resueltas se quintuplicaron. Las 620 sentencias, en el 2018, significaron 1,7 % de los pronunciamientos diarios que han servido de apoyo tanto a los Estados como a los empresarios de la región. Así mismo, manifestó que la gran mayoría de las solicitudes de interpretación prejudicial emitidas, que constituyen más del 90 % de su carga laboral, provienen de Colombia sobre asuntos de propiedad industrial, normas aduaneras, transporte, comunicaciones, libre competencia, doble tributación, entre otros. Sin embargo, ni con estos importantes resultados, el TJCA logra concitar el respaldo institucional.

Los retrasos en las cuotas de sostenimiento por parte de los Estados fundantes ascienden a cerca de 1.480.000 dólares. Para el caso de Colombia, el retraso en el aporte es superior a los 330.000 dólares. Claramente, hay una “Ventana de Overton” por la que pasa una falta de compromiso político que está permitiendo la pauperización institucional del tribunal. Esta circunstancia se agravó por la crisis financiera que ha dejado el covid-19 y que hace temer que el TJCA pueda cesar su operación por desfinanciamiento.

La Corte IDH, referente de transformación política y puerta abierta “a la necesaria redundancia” que obliga proteger a los derechos humanos, no es el sistema de la codecisión judicial latinoamericana. Escapa de su competencia, pues materias como el régimen económico de los matrimonios latinoamericanos; el derecho aduanero; la libre circulación de personas, bienes y servicios; los suelos transfronterizos para la cotización de pensiones en el espacio latinoamericano, entre otros subsistemas que son necesarios unificar para armonizar y lograr la “identidad jurídica latinoamericana”, no se pensaron para la Corte de San José. 

En definitiva, restar importancia a la práctica judicial del TJCA y acuñar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos “casi todo” es un irracionalismo jurídico. Si bien habrá protección de derechos humanos, no se logrará la triangulación o diálogo judicial necesario para una unidad jurídica de la región. Ignorar la necesidad de integración comunitaria es seguir manteniendo abierta una gran “Ventana de Overton” que seguirá afirmando la idea política de que el TJCA es un “pretensioso” repliegue identitario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en América Latina. Esto terminará con la muerte de nuestro proyecto de derecho común latinoamericano.