A través de una demanda de inconstitucionalidad, atacan apartes del artículo 32 de la Ley 1150 del 2007, que introdujo medidas para la eficiencia y trasparencia de la contratación estatal (Ley 80 de 1993). Conforme indica el documento, esta norma trasgrede el numeral 1º del artículo 150 de la Constitución Política, por cuanto limita la competencia del Congreso y condiciona las derogatorias a efectuarlas de manera expresa. De igual forma, se argumenta que el “Congreso desbordo su competencia legislativa al crear, sin estar facultado para ello, una prevalencia entre normas del mismo tipo y naturaleza”.