El régimen sancionatorio administrativo castiga de los servidores estatales es la conducta violatoria del deber funcional a su cargo sin justificación, no el resultado.

De tal modo que lo que genera el reproche de la Administración al agente estatal no es propiamente la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función pública, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan.

Por ende, los deberes y prohibiciones exigibles a todos los servidores públicos se encuentran ligados a los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública, razón por la cual para que la conducta trascienda al campo de la responsabilidad disciplinaria debe no solo desconocer formalmente el contenido mismo del deber, sino también su finalidad (C. P.: Carmelo Perdomo Cuéter).