Luego de recordar que el objeto social es el que define la capacidad jurídica y determina la posibilidad de las sociedades de participar en procesos de selección, la Sección Tercera del Consejo de Estado resaltó la forma como la Sala de Consulta y Servicio Civil, al resolver una consulta que giraba en torno al alcance del concepto de los contratos conexos que integran el giro de los negocios de las entidades financieras de carácter estatal, explicó la clasificación del objeto social de una empresa. Ese tribunal había indicado que está integrado por (i) los actos que están comprendidos en la noción de la actividad; (ii) los actos que están directamente relacionados con esa actividad y (iii) por otros actos que tienen como finalidad “(...) ejercer los derechos y las obligaciones, legal y convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad”. En ese mismo contexto, desarrolló un análisis sobre el objeto social principal y secundario (C. P. Ramiro Pazos).