De acuerdo con lo previsto en la Ley 1821 del 2016, la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de 70 años de edad que, una vez cumplidos, causarán el retiro inmediato del cargo que desempeñen, sin que puedan ser reintegrados bajo ninguna circunstancia.

Así, quienes a partir de la entrada en vigencia de esta ley accedan o estén en ejercicio de funciones públicas pueden permanecer voluntariamente en los cargos con la obligación de seguir contribuyendo al régimen de seguridad social, es decir, salud, pensión y riesgos laborales, aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. (Lea: Funcionario en trámite para pensionarse puede acogerse voluntariamente a la edad de retiro forzoso).

Los aportes, recordó el Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizan según las siguientes proporciones en relación con el salario base de cotización devengado: (i) empleador, 12 % del salario base de cotización para pensión y el mismo porcentaje para salud, mientras 0,522 % para riesgos laborales; (ii) trabajador: 4 % del salario base de cotización para salud.

De otra parte, indicó la entidad, la reubicación es una figura utilizada por la administración de manera autónoma, en aras del mejoramiento del servicio a efectos de ubicar sus empleos donde se requieran por necesidades del servicio.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la reubicación laboral no se limita al simple cambio de funciones, sino que comporta la proporcionalidad entre las labores, los cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del empleador de brindar al empleado la capacitación necesaria para que se desempeñe en su nueva labor.