Antes de finalizar el 2009, el Presidente de la República devolvió al Congreso, sin sancionar, el proyecto de ley que busca fortalecer el ejercicio del control fiscal del Estado, por considerar inconstitucional e inconvenientes algunos de sus artículos. Uno de ellos es el número cuatro, según el cual las contralorías territoriales destinarán, al menos, un 2% de su presupuesto para la capacitación de sus funcionarios y sujetos de control. Según el Gobierno, esa sería una de las tantas normas que generan inflexibilidades en el gasto, “las cuales, lejos de contribuir a una dinámica racional financiera, la obstaculizan, por lo cual se sugiere atentamente el replanteamiento de la medida, a efectos de incluirla como una posibilidad para las administraciones municipales, mas no como un imperativo”.