El Consejo de Estado les hizo un llamado a la Procuraduría y a la Contraloría para que en casos que involucren afectación patrimonial de la Nación adelanten con celeridad todas las actuaciones que la ley impone. Ello con el fin de evitar la prescripción de las acciones disciplinarias y hacer posible el cobro efectivo de las obligaciones impuestas en fallos por responsabilidad fiscal. El pronunciamiento fue hecho por el alto tribunal al resolver una acción popular en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, la Organización de Estados Iberoamericanos, dos empresas privadas y otros particulares. Los detalles de la acción los puede consultar en el documento adjunto. Aunque en la providencia se reconoce que la justicia obró de manera oportuna, la Sala advierte que, de manera inexplicable, el caso prescribió en la Procuraduría y que, por parte de la Contraloría, no se conocieron, dentro del proceso, acciones efectivas para lograr el cobro de las obligaciones impuestas, por lo que se les exhorta a actuar con celeridad especial en los casos que involucren afectación patrimonial de la Nación.