La Ley 1066 del 29 de julio del 2006, sobre normalización de la cartera pública, constituye el marco legal que deben observar las entidades públicas dentro de los cobros coactivos que tengan a su cargo. Dicha ley unificó estos procedimientos y con su promulgación quedaron sin vigencia las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo, que fueron modificadas por última vez mediante la Ley 446 de 1998. Por lo tanto, el Consejo de Estado precisó que deben aplicarse únicamente las disposiciones legales señaladas en el Estatuto Tributario, que en cuanto a los recursos no instituye la apelación, ni aun contra la providencia que decide las excepciones, sino solamente el recurso de reposición (C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).