Al decidir las solicitudes del tercero interesado, la Sección Quinta del Consejo de Estado recordó que el principio de preclusión consiste en la extinción del derecho o de la facultad para realizar un acto procesal. Así mismo, y con base en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA), este principio posee un efecto y alcance mayor, toda vez que con la tendencia mixta del proceso oral - escrito la clausura de una etapa implica su fenecimiento y la imposibilidad de alegar o discutir la situación que debió ventilarse en la etapa respectiva. Por ello, afirmó la corporación que nada diferente puede concluirse del principio denominado control de legalidad regulado en el artículo 207 del CPACA. Igualmente, explicó que esta figura de la preclusión busca ordenar el debate procesal y posibilitar el avance del proceso, por medio de la consolidación de las etapas cumplidas y negando la posibilidad de retroceder a las etapas culminadas. En tal virtud, agregó que luego de agotado el término o los límites procesales las facultades o los derechos de los sujetos procesales no pueden ser ejercitados. Caso similar a lo que sucede con la caducidad de las acciones o la prescripción de los derechos. Acorde con lo precedente, concluyó que en materia procesal ese fenecimiento impide, así se haya tenido el derecho, reactivar la facultad procesal porque se ha extinguido (C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez).