¿Procede la tutela para obligar a realizar un concurso de méritos?

En una acción de tutela, un ciudadano alegó la vulneración de sus derechos fundamentales porque no se inició un concurso de méritos para proveer los cargos creados en el Decreto 1851 del 2021, en la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación.

Con fundamento en ello, pidió ordenar a la accionada expedir el acto administrativo de apertura de la licitación pública o del concurso para proveer dichos empleos, y que se suspendieran o dejen sin efectos los nombramientos realizados.

La Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que no se puede perder de vista que este es un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados a personas concretas o determinadas que lo soliciten en nombre propio, por quien los represente o agencie sus derechos, en los términos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Ahora bien, si se pretende reclamar el respeto de estas garantías por vía de acción de tutela la persona debe alegar su afectación particular, o bien la de otro a quien represente o a quien agencie por imposibilidad de acudir directamente a la justicia, pero no es razonable extender genéricamente el debate a toda la población.  En el caso bajo estudio, la Sala infirió que el accionante persigue un interés subjetivo que lo legitima para formular la solicitud de amparo y es sobre esa base que se examinará la procedencia de la protección constitucional.

En consecuencia, resolvió negar la acción de tutela instaurada en relación con la supuesta vulneración derivada de la ausencia de convocatoria de un concurso de méritos, así mismo, declaró improcedente la solicitud de amparo (C. P. María Adriana Marín).